El congresista Dávila y la parte sindical, representada por la abogada Lesvia Amézquita, mostraron inquietudes sobre la situación de los hogares y los Centros de Atención y Desarrollo Infantil (CADI) en los últimos tres meses (marzo, abril y mayo).
La subsecretaria Guzmán resaltó que por el mandato de transparencia en la ejecución de los fondos públicos se solicitaron las facturas y documentos de respaldo para los expedientes de liquidación de gastos que cubre el programa a las 1,377 madres cuidadoras, de las cuales aún queda pendiente de recibir el 26.48 por ciento.
Además, se informó sobre la manera que se está fiscalizando el programa y las instrucciones para garantizar la transparencia del mismo.
La subsecretaria Guzmán explicó que la esencia y objetivo principal del programa es el bienestar de las niñas y niños menores de 7 años de edad, a quienes se le ha garantizado la alimentación durante la emergencia sanitaria del COVID-19, época en que están suspendidas las actividades del programa; asimismo, se ha hecho efectivo el estipendio a todas aquellas madres cuidadoras que de manera responsable han trasladado su liquidación de gastos completa y contribuyen con la rendición de cuentas.
Los beneficiarios objeto del programa son 14,090 niños y niñas que son atendidos en los hogares comunitarios y los CADI para que las madres beneficiarias puedan trabajar y aportar a la economía familiar.
